OTRA AUSTERIDAD ES POSIBLE



Berria, Deia, Eldiario.es, Diario de Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava

Es urgente constatar una paradoja alarmante. Por un lado la FAO (Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) dice que la producción mundial de alimentos deberá aumentar en un 70% para abastecer a los 9.000 millones de personas que poblarán el planeta en el año 2050. Pero al mismo tiempo reconoce que hoy por hoy alrededor de un tercio de la producción de comida termina en la basura. La Comisión Europea estima que cada año desperdiciamos 89 toneladas de alimentos, lo que equivale a 170 kilogramos de desperdicio por cada ciudadano europeo. España es el sexto Estado de la UE que más comida echa a perder: casi 8 toneladas cada año. Según el informe Save Food, elaborado en 2011, Euskadi es la cuarta comunidad autónoma (tras Andalucía, Madrid y Galicia) con mayor tasa de desechos alimentarios evitables debido a la mala planificación o al mal almacenamiento: el 7,7% de los alimentos desperdiciados podrían ser evitados si tomáramos las medidas necesarias.

Los datos son alarmantes en sí mismos, pero lo son aun más en estos tiempos de crisis e imposición de austeridad. Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, uno de cada cuatro menores sufre malnutrición en España. Este es uno de los datos que más preocupó al comisario europeo de derechos humanos, Nils Mui¿nieks, en su visita a España a principios de junio. El 19 de enero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE (2011/2175(INI)). El Parlamento Europeo hacía así un llamamiento para que todos los actores de la cadena alimentaria se implicaran decididamente con el fin de limitar al máximo los residuos alimentarios. Pedía también a la Comisión Europea que concediera "prioridad en la adjudicación de contratos a las empresas que garanticen una redistribución gratuita entre las categorías de personas sin poder adquisitivo" e instaba a la Comisión a que proclamara 2014 como Año Europeo contra el Desperdicio de Alimentos.

En este contexto, el Parlamento navarro dictó hace unos meses la Ley Foral 7/2013 sobre utilización de residuos alimenticios en la que, haciéndose eco de la citada resolución del Parlamento Europeo, reclama la elaboración de un código de buenas prácticas de distribución sobre los excedentes alimentarios con el objetivo de "mejorar la eficiencia de los procesos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo", "establecer mecanismos para que los excedentes de estos productos sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades" y "contribuir a concienciar a toda la cadena alimentaria, desde productores a consumidores, de la necesidad de realizar un consumo responsable y de reducir el derroche de alimentos". Este mismo año el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado la estrategia Más alimento, menos desperdicio con la que aspira a reducir a la mitad antes de 2020 la cantidad de comida que termina en la basura por falta de previsión o planificación.

En los últimos años han surgido movimientos ciudadanos de solidaridad que han llevado a cabo sugerentes iniciativas con un gran impacto, tales como la recogida y posterior distribución de comida que había sido apartada en restaurantes y supermercados, o la eficaz intermediación entre organizaciones sociales, bancos de alimentos, productores y agricultores. Es de justicia reconocer la importante labor desarrollada por estas redes ciudadanas, así como las campañas de concienciación y denuncia protagonizadas por padres y madres que tratan de buscar una solución a la gestión de los residuos alimenticios en comedores escolares.

Siguiendo el alentador ejemplo de estos movimientos ciudadanos, los poderes públicos deben tomar las medidas necesarias para asegurar la gestión responsable de los residuos alimentarios. Una sociedad cohesionada sencillamente no puede permitir que algunos de sus miembros pasen hambre cuando hay comida suficiente para todos. Los poderes públicos deben "adoptar medidas (¿) hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (¿) la plena efectividad" de los derechos sociales (artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Especialmente en estos tiempos de crisis, evitar que un recurso tan básico como la comida termine innecesariamente en la basura debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos. En la gestión de los alimentos, la austeridad sí que tiene sentido.

Iñigo Lamarca Iturbe
ARARTEKO

 
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