Derechos de las personas en prisión

EJ-GV Mikel Arrazola

Una sociedad democrática se caracteriza por pretender que el sufrimiento causado a través de la pena sea el menor posible. Ello exige limitar el uso de la pena de prisión sólo para castigar los crímenes más graves, y garantizar, en todo caso, que las personas presas puedan gozar en condiciones normales de todos los derechos y acceder a todos los beneficios sociales que no les hayan sido expresamente limitados en su sentencia. No es esto lo que está sucediendo en la actualidad. Son múltiples, por un lado, las dificultades que encuentran en la práctica para ejercitarlos, así como los perjuicios que sufre su integración laboral, social y familiar como consecuencia de su reclusión en un centro penitenciario. Por otro lado, nuestro sistema penitenciario figura a la cabeza de Europa en número de presos y presas por habitante.

Todo ello convierte a las personas en prisión en uno de los colectivos más vulnerables en nuestra sociedad. Se trata de una realidad ante la que el Ararteko entiende que tiene la obligación de actuar, aun con la limitación que supone el carecer de facultades de control en este ámbito, pues a pesar de que el Gobierno Vasco lo ha solicitado repetidamente, por el momento no se ha materializado el traspaso a la Administración autonómica de la gestión de las prisiones de esta Comunidad, que sigue correspondiendo al Estado.

El Ararteko quiere impulsar una reflexión sobre el sistema de penas vigente en la actualidad, en cumplimiento de la labor de difusión de la cultura de los derechos humanos que la ley atribuye a esta institución. Para conseguirlo, debemos informar al Parlamento Vasco y a toda la sociedad de las condiciones en las que se encuentran las personas encarceladas en nuestras prisiones, así como de los efectos reales que produce la privación de libertad. Tratamos de que la ciudadanía tome conciencia de los daños que la prisión produce, de su coste humano y social y, en consecuencia, de la necesidad de poner en marcha modalidades alternativas de castigo que favorezcan la responsabilización personal y la reinserción social, todo ello sin olvidar los intereses y los derechos de las víctimas de los delitos. Así lo establece la más reciente normativa internacional en la materia, en cuyo marco han de actuar todos los poderes públicos. 

Con este fin, el Ararteko elaboró en 1996 un informe extraordinario sobre la situación de las cárceles en el País Vasco. Año tras año realizamos un seguimiento y actualización de las recomendaciones que entonces hicimos a los poderes públicos, para lo cual llevamos a cabo visitas a los centros penitenciarios y nos reunimos con las asociaciones y colectivos profesionales que trabajan con las personas en prisión, tanto desde el ámbito de la Administración como el no gubernamental.

Nuestra última visita a las prisiones de la CAPV tuvo lugar en septiembre de 2005, y sus resultados quedaron reflejados en la página 193 y siguientes del correspondiente informe anual.

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