Qué sucede con las denuncias que llegan al Ararteko


Casos que están fuera de nuestra competencia

Aunque las condiciones de vida de las personas presas constituyen un motivo de preocupación constante para el Ararteko, la ley no permite a esta institución intervenir directamente cuando le llegan quejas sobre problemas particulares que surgen en las prisiones. Se trata en su gran mayoría de personas que no están conformes con su clasificación penitenciaria o que reclaman por una denegación de permisos, así como de casos en que se alega haber sufrido un error judicial. Su investigación resulta, sin embargo, ajena al ámbito de nuestra competencia: algunos están judicializados, ya sea en fase de instrucción, ya sea en sede del tribunal sentenciador o del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; otros se refieren a una actuación de la Administración central, por lo que hemos de remitirlas al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. Cuando el problema revela la posible existencia de responsabilidades disciplinarias por parte de jueces y tribunales, lo ponemos de manifiesto ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

¿Cúando puede intervenir el Ararteko?

El Ararteko sí puede y debe intervenir en el ámbito penitenciario en los siguientes casos:

  • Cuando se denuncien deficiencias detectadas en los servicios cuya prestación compete en exclusiva a la Administración vasca, como son el traslado de las personas presas y la custodia de las Unidades de Custodia Especial en los hospitales.
  • Con relación a la colaboración que el Gobierno Vasco viene prestando a la ejecución penal, particularmente en las áreas de atención sanitaria de especialistas u hospitalaria, de drogodependencias y de educación, donde sigue pendiente la integración de los maestros penitenciarios. Todo ello, con el impulso de los servicios de apoyo a la ejecución penal habilitados por el Gobierno Vasco en los juzgados.
  • En todo lo que concierne al deber de las administraciones vascas de articular recursos que eviten la entrada en prisión o que favorezcan la salida. Estamos pensando en políticas sociales que incidan en la prevención de delitos, pero también en los centros específicos para personas con enfermedad mental u otras dolencias graves, unidades de régimen abierto, centros de tratamiento y rehabilitación de toxicomanías, ayudas económicas en el momento de la excarcelación, medidas específicas de inserción laboral, etc.

De hecho, todos estos factores han sido integrados en un modelo de ejecución penitenciaria para Euskadi, diseñado por el Gobierno Vasco para cuando se produzcan las transferencias penitenciarias.

Por último, y a pesar nuestra falta de competencias en este ámbito, el Ararteko lleva a cabo gestiones directas por motivos humanitarios en aquellos supuestos en que en la Administración penitenciaria o en la de justicia se advierten carencias y disfunciones del sistema que impiden hacer valer sus derechos a una persona, y cuyas consecuencias negativas, como es habitual, alcanzan en mayor medida a los más débiles de sus destinatarios. Las reclamaciones de este género que, por su trascendencia, merecen ser reseñadas, lo han sido en la página 506 y siguientes de nuestro informe ordinario correspondiente al año 2007. En esta misma línea venimos interviniendo, en colaboración con la red asistencial y de solidaridad de la sociedad civil, con el fin de hacer valer ante las administraciones de justicia y penitenciaria datos que les permitan contar con toda la información relevante a la hora de adoptar decisiones, cada una dentro de su ámbito competencial, sobre sustitución de la pena privativa de libertad y cumplimientos alternativos de ésta.

En definitiva, el Ararteko intervendrá en todos los ámbitos necesarios para contribuir a que la sociedad vasca en su conjunto se responsabilice y contribuya a mejorar la situación de este colectivo humano, residente en la CAPV, que encuentra especiales dificultades en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

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