RECOMENDACIÓN GENERAL DEL ARARTEKO CON PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VERTIDOS CONTAMINANTES NO AUTORIZADOS EN LOS RÍOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO



Vitoria-Gasteiz

El origen de esta recomendación es una actuación de oficio, iniciada en 2018.

El Ararteko ha analizado el trámite seguido ante una serie de denuncias presentadas por episodios puntuales de vertidos contaminantes en los ríos de la CAPV a lo largo del año 2018.

En la mayoría de los casos, las asociaciones denunciantes exponían que, tras los episodios, tenían dificultades para recabar información sobre la intervención realizada por la Agencia Vasca del Agua-URA o, en su caso, por la policía ambiental competente (Ertzaintza, guardias forestales o policía local) respecto a las labores de investigación sobre la posible fuente del vertido, su naturaleza, su eventual responsable y sobre las medidas sancionadoras acordadas en cada caso.

A la largo de la tramitación de este expediente el Ararteko ha recibido la valoración de algunas asociaciones ecologistas (Eguzki, Ekologistak Martxan y la plataforma Zadorra Bizirik). Asimismo, ha recabado información de las administraciones e instituciones competentes en la inspección y en el control ambiental sobre los incidentes de vertidos no autorizados (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca del Agua URA). También se han mantenido contactos con la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza y las secciones de medio ambiente de las fiscalías provinciales del País Vasco.

La labor de inspección y control seguida en los casos de vertidos no autorrizados en el País Vasco refleja una evolución positiva en cuanto el número de expedientes sancionadores de vertidos incoados (por ejemplo, según datos de la Agencia URA, en el año 2019 el número de expedientes ha sido de 129, multiplicándose por tres los 43 expedientes de 2017). Asimismo, la resolución del Ararteko refleja el incremento de la información ambiental que divulga URA sobre los incidentes sufridos de contaminación puntual.

Esta recomendación general del Ararteko pretende facilitar un documento de bases sobre las propuestas de mejora para una posterior reflexión conjunta entre las instituciones competentes en el control ambiental de los vertidos en la CAPV y las asociaciones ecologistas que intervienen como colaboradoras en la defensa del medio natural.

El objetivo principal de esta resolución es impulsar el papel del denunciante ambiental y fijar las obligaciones de buena administración en su labor de colaborador para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental

Por otro lado, el documento ha considerado de interés recoger una serie de obligaciones respecto al ejercicio de la potestad sancionadora, la potestad de exigir el resarcimiento de los daños ambientales y la obligación de garantizar el ejercicio de la acción penal.

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PROPUESTAS DEL ARARTEKO

Mejoras en el acceso a la información ambiental sobre los vertidos contaminantes no autorizados.

Impulso de la información pública. Impulso de la información pública sobre cada vertido contaminante no autorizado detectado que debería incluir las actas de inspección y las medidas sancionadoras y de responsabilidad medioambiental exigidas.

Derecho de acceso a la Información ambiental. Es importante garantizar una respuesta expresa y dentro del plazo de un mes a las solicitudes formuladas sobre la inspección y control de vertidos no autorizados. Sería interesante que URA buscara fórmulas alternativas para hacer llegar esa información ambiental mediante reuniones, encuentros o foros que favorezcan la participación de las asociaciones.

Mejoras en la tramitación de las denuncias de las personas interesadas en el procedimiento de control ambiental de los vertidos contaminantes no autorizados.

Derechos de la persona que comunica un incidente. La administración competente para la gestión de las emergencias (servicio 112 SOS DEIAK) debe garantizar al comunicante el derecho a conocer el estado de la tramitación de la emergencia, las actuaciones seguidas por este servicio o, en su caso, de su archivo. Asimismo ese servicio debe ofrecer información al comunicante sobre la opción de formalizar una denuncia ambiental.

Derechos del denunciante medioambiental. La persona denunciante tiene derecho a participar en el procedimiento, a ser informada de los actos administrativos y resoluciones que se acuerden, a presentar informes, alegaciones y proponer pruebas, así como a recurrir las decisiones administrativas.

Medidas de protección del denunciante medioambiental. El Ararteko sugiere la elaboración de un plan de actuación para reconocer la figura del denunciante y promover la protección de las personas que informen sobre infracciones de la legislación de aguas.

Obligación de impulso de las denuncias ambientales. Ante la presentación de una denuncia ambiental por una presunta infracción, el órgano competente en la inspección de los vertidos deberá tramitar un expediente de investigación, decidir sobre la incoación de un expediente sancionador y, si procede, tramitar la exigencia de responsabilidad medioambiental.

Impulso de los mecanismos de coordinación en la vigilancia ambiental de los ríos. El Ararteko recomienda impulsar las medidas de coordinación, ya existentes, entre los servicios de inspección de URA, Ertzaintza, agentes forales y otros agentes locales intervinientes. Para ello se recomienda que, a instancia del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se promueva un convenio dirigido a reforzar y dotar de seguridad jurídica a los mecanismos de coordinación en la vigilancia ambiental de los ríos.

Obligación de ejercer la potestad sancionadora. El ejercicio de la potestad sancionadora es indisponible y debe ser ejercida e impulsada por los órganos designados en la legislación de aguas.

Obligación de exigir el resarcimiento de los daños ambientales significativos provocados por los vertidos. Deben exigirse las medidas de prevención, evitación o reparación reguladas en la Ley de Responsabilidad Medioambiental, en relación con los daños ambientales que produzcan efectos adversos significativos.

Principio de primacía de la acción penal. En los supuestos en los que la entidad de las infracciones de la normativa de vertidos a las aguas pudiera ser constitutiva de un delito contra el medio ambiente, debe prevalecer el ejercicio de la acción penal. Los funcionarios, en cualquiera de las fases de investigación o de sanción, debe poner en conocimiento de la jurisdicción penal todo vertido contaminante no autorizado que, por su especial gravedad, pudiera ser indiciariamente delictivo.


Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2020

 
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