¿LA SOCIEDAD INCLUSIVA CUESTIONADA?



El Correo, El Diario Vasco

La existencia de redes de colaboración entre las defensorías del pueblo de las comunidades autónomas y de diferentes países y regiones de Europa y del mundo permite contrastar la situación de los derechos sociales en todos ellos. Me enorgullece constatar que en Euskadi hemos alcanzado, con un gran esfuerzo, un estadio avanzado en el ejercicio de esos derechos en los campos de la sanidad, la educación o la protección social. Uno de los componentes de esta última son las prestaciones sociales de contenido económico que tienen como fin evitar la exclusión social, garantizar la vida digna a todas las personas y trabajar en pro de la inclusión social. La prestación principal de ese tipo es la RGI (renta de garantía de ingresos) que desde enero de 2012 la gestiona el organismo Lanbide. Hay más prestaciones: la PCV para vivienda (competencia también por Lanbide), las ayudas de emergencia social (AES), que las resuelven los ayuntamientos, las prestaciones forales de Gipuzkoa y de Bizkaia, y algunas ayudas municipales, como la destinada a alimentos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Últimamente se han escuchado algunas opiniones críticas a la percepción de estas ayudas que, desde una visión parcial e incompleta, han puesto el foco en algunos colectivos de personas migrantes. El debate es saludable siempre que se haga con rigor y con responsabilidad, aportando toda la información disponible, y con el propósito de mejorar el ejercicio de los derechos en el marco de los principios y valores que fundamentan el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos. Creo que es responsabilidad del Ararteko, alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de las personas, contribuir a ese debate aportando a la ciudadanía sus conocimientos sobre la materia. Lo haré de manera muy sintética, señalando que hay abundante documentación que sostiene las afirmaciones que formularé (la información facilitada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ¿del que depende Lanbide-, los estudios sobre desigualdad y pobreza del Gobierno Vasco, el reciente informe del Consejo Económico Social, los informes de Ikuspegi, las resoluciones e informes del Ararteko, los datos del INE, etc.)

1-La percepción de la RGI exige el cumplimiento de unos requisitos previos así como de unas obligaciones, de manera que si desaparece algún requisito se extingue la percepción de la ayuda y si se incumple alguna obligación se suspende aquella. Se han producido miles de extinciones y suspensiones desde que se implantó la RGI. 2- La RGI está vinculada a la búsqueda de empleo -por eso la gestiona Lanbide- salvo para quienes no están en situación de empleabilidad (un buen porcentaje de perceptores son pensionistas que complementan sus insuficientes ingresos con la RGI). Quien, estando en situación de empleabilidad, se cronifica en la percepción de esta ayuda es porque no encuentra trabajo. Quien renuncia a una oferta de trabajo pierde el derecho a percibir la RGI. 3- El fraude se combate de manera diligente y eficaz. Será difícil hallar otro ámbito de dación de ayudas, de prestación de servicios o de cumplimiento de las obligaciones fiscales en el que la Administración combata con más ahínco el fraude. 4- La ley es igual para todos, de manera que en la gestión de la RGI no se pueden hacer distinciones. Dado que algunas opiniones pueden estigmatizar a los inmigrantes, no está de más recordar algunos datos: a) la gran mayoría de ellos trabaja y paga sus impuestos y sus cuotas de la Seguridad Social y no cobra la RGI; b) el número de personas migrantes en el País Vasco no es elevado (su porcentaje es ligeramente superior a la mitad de la media española), y la existencia de la RGI no ha generado un "efecto llamada"; c) si hay porcentajes elevados de perceptores en algunos colectivos es porque no encuentran trabajo y su riesgo de exclusión es más alto; d) la mayoría de las personas perceptoras de la RGI han nacido aquí; 5.- Merced a la RGI el nivel de pobreza en Euskadi es de los más bajos de Europa.

La Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social se puede modificar, desde luego. Es en el Parlamento Vasco donde, en su caso, habría que proponer cambios, sin que éstos pudieran establecer diferencias según el lugar de nacimiento de las personas. Conviene subrayar, de todos modos, que la ley ha tenido modificaciones en los últimos años. Haremos hincapié en las más significativas: se redujo en un 7% la cuantía de la RGI, se amplió el requisito de empadronamiento a 3 años y se modificó el modelo de gestión, pasando esta de las diputaciones a Lanbide. De cara al futuro, creo que debemos abogar por mantener el sistema de protección social porque garantiza la vida digna a las personas cuyas circunstancias económicas las sitúan por debajo del nivel mínimo de ese imperativo ético y legal, aunque debe señalarse que dicho sistema no cubre la totalidad de las necesidades. El País Vasco está cumpliendo con lo dispuesto en el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 9-2 de la Constitución española, o en la Declaración universal de los derechos humanos. Sostengo que debemos seguir mirando a los países más avanzados, fundamentando nuestro modelo de sociedad en principios éticos ligados a los derechos humanos o al humanismo que defienden la justicia social, el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la ayuda a las personas necesitadas, la convivencia y la armonía sociales, la cohesión social, el respeto a la diversidad, y la sociedad inclusiva.

Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko

 
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad