MENAS: ¿QUÉ SABEMOS?



EL CORREO egunkaria

De un tiempo a esta parte los medios de comunicación -sobre todo en Gipuzkoa y en Álava- se vienen ocupando de los menores extranjeros no acompañados (menas) con noticias ligadas casi siempre a cuestiones problemáticas o hechos conflictivos. El Ararteko ha prestado particular atención a la realidad de estos niños, niñas y adolescentes que presentan unas circunstancias que los hacen particularmente vulnerables. Quien tenga interés puede consultar el informe extraordinario sobre el tema publicado en 2005 o el apartado de menores del informe anual de 2009.

Estamos ante un nuevo fenómeno de inmigración protagonizado por menores de edad que acuden principalmente desde África a países prósperos donde esperan encontrar una segunda oportunidad para unas vidas con un presente y futuro negros. Según datos facilitados por las tres Diputaciones forales -titulares de la competencia sobre la atención a los menores de edad en situación de desprotección- a 31 de diciembre del pasado año Bizkaia acogía a 359 adolescentes extranjeros, Gipuzkoa a 116 y Álava a 101. Cabe constatar un descenso apreciable (sobre todo en Gipuzkoa) durante el segundo semestre del año en el número de menores que son acogidos por las instituciones vascas, descenso que muy posiblemente esté relacionado con un decremento notable de la afluencia de inmigrantes a España dada su situación socio-económica actual.

La opinión pública debe saber que la gran mayoría de estos chavales (son poquísimas las chicas que integran este colectivo) tienen un buen comportamiento y que responden positivamente a los programas educativos y ocupacionales y de formación profesional que se les ofrecen. El esfuerzo que han realizado en los últimos años las Diputaciones forales es notable y la red de recursos de acogida que han creado merece en términos generales una valoración positiva. Ello no es óbice para que el Ararteko deba reafirmarse en sus posiciones críticas sobre algunas actuaciones o situaciones concretas, que se exponen en el informe anual. El caso más conocido se refiere a la gestión del centro Oilur de Deba que mereció una valoración muy negativa por nuestra parte, así como también por parte de la Fiscalía, a resultas de las cuales se ha hecho un replanteamiento radical de dicho centro.

El comportamiento indebido, con episodios violentos y agresivos en algunos casos, de un número pequeño a la vez que dañino de este colectivo ha generado alarma social en algunas localidades guipuzcoanas y debe ser prioritario para las instituciones garantizar la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía mejorando los medios disponibles para dar una respuesta eficaz a esos menores con trastornos de conducta. Constituye una buena noticia, en este sentido, el anuncio de una mejor coordinación entre el Gobierno Vasco, que gestiona los recursos de reforma para los menores infractores y vela por la seguridad ciudadana, y la Diputación de Gipuzkoa, acuerdo que, según la consejera de Justicia, se hará extensivo a las demás diputaciones. Una respuesta institucional más eficaz deberá contar, sin duda, con el concurso de las y los fiscales de menores. En todo caso, entendemos que es preciso mejorar el trabajo preventivo realizando diagnósticos individualizados de los casos problemáticos y aplicando tratamientos más adecuados.

Conviene señalar que en la materia que nos ocupa también tiene competencias el Gobierno de España, a quien compete la gestión del registro de menores extranjeros, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley de extranjería según la redacción dada en la reforma del pasado 11 de diciembre, así como las tareas de coordinación e impulso de la Comisión interautonómica de directores/as de infancia que opera en el seno del Ministerio de Sanidad y Política Social. En el seno de esta Comisión deberían gestarse propuestas que conduzcan a un mayor equilibrio territorial en la asunción de las obligaciones de atención a estos menores (Euskadi ocupa el tercer lugar, tras Canarias y Andalucía, en la escala del número de menores extranjeros acogidos). También debe intervenir la Fiscalía General del Estado para establecer criterios comunes en los procedimientos para la determinación de la edad en los casos dudosos. Asimismo, es necesario que los Ayuntamientos donde se ubican los centros de acogida de los "menas" colaboren para facilitar la integración social de estos menores.

En definitiva, una mejor colaboración interinstitucional debería llevarnos a la mayor prontitud posible a un escenario en el que desaparezcan los elementos negativos asociados a los menores extranjeros y en el que imperen los principios de solidaridad y fraternidad para con ellos junto con la debida protección de los derechos de todos así como la inserción normalizada de estos adolescentes en una sociedad regida por los valores democráticos y por un sistema de derechos y obligaciones.

Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko

 
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