EL ARARTEKO RECOMIENDA A LANBIDE LA CONCESIÓN DEL COMPLEMENTO DE RGI A DETERMINADAS PERSONAS CAUSANTES DE LA "ASIGNACIÓN POR HIJO/A A CARGO" CON UNA DISCAPACIDAD RECONOCIDA DEL 65% O MÁS POR ENTENDER QUE SU SITUACIÓN ES SIMILAR A LA DE OTROS PENSIONISTAS


También le pide se revise algunos procedimientos de suspensión y extinción de prestaciones RGI en su modalidad de complemento de pensiones. El Departamento de Empleo y Política Sociales no acepta la recomendación ya que considera que estas personas tienen cubiertas sus necesidades básicas.
Vitoria-Gasteiz

El Ararteko ha recibido numerosas quejas y consultas tanto de particulares como de asociaciones expresando su disconformidad con el tratamiento que Lanbide está dando a las personas que tienen 18 años cumplidos y una discapacidad reconocida del 65% o más y que son causantes aunque no titulares de la prestación económica de la Seguridad Social denominada "Asignación por Hijo/a a Cargo". Esta prestación se conoce comúnmente como la Prestación por Hijo/a a Cargo (PHC).

Lanbide considera únicamente como Unidad de Convivencia de pensionistas a los perceptores de la PHC en el caso de que sean huérfanos, tanto cuando son titulares de la prestación como cuando no lo son por estar legalmente incapacitados. Y considera que el resto de los causantes de la prestación no tienen derecho al denominado complemento de pensiones por entender que no están comprendidos en la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.

En opinión del Ararteko este criterio de no conceder el complemento de pensiones a las personas con discapacidad causantes de la PHC que no son huérfanas no tiene una justificación objetiva con relación a otras personas que sí están afectas con el mismo grado de discapacidad y a veces menor y se les concede con independencia de que sean huérfanas o no.

La persona beneficiaria en la pensión del fondo de bienestar social o de la pensión
contributiva por incapacidad permanente, o de la no contributiva por invalidez es una persona con limitaciones funcionales que tiene dificultades para el empleo. Cuando se es beneficiaria de algunas de estas pensiones, como es el caso de la pensión por incapacidad permanente, tampoco se tienen en cuenta los ingresos de trabajo de los progenitores.

Se trata, por tanto, de tener en cuenta la situación de discapacidad como elemento determinante en la concesión del complemento, sin que el hecho de que los progenitores dispongan de medios económicos afecte a dicha consideración.

Esta prestación se concede, insistimos, porque hay una persona que está afectada por una discapacidad, lo que implica, entre otras cuestiones, dificultad para el empleo o la existencia de gastos extraordinarios para favorecer la vida autónoma. Por tanto, hay una similitud entre todas las prestaciones a las que nos estamos refiriendo y parece razonable que tengan el mismo tratamiento y que sus causantes tengan la consideración de pensionistas.

De ser así, parece también justificado que, en ese caso, la PHC se compute como ingreso a efectos de la RGI, al igual que está ocurriendo en los casos en que Lanbide contempla conceder el complemento de pensiones, esto es, cuando se es huérfano/a y perceptor de la prestación económica por hijo/a a cargo.

La adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad implica un cambio de paradigma de la Convención hacia un modelo social de atención a la discapacidad centrado en los derechos humanos que favorezca la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva.

Esto conlleva poner en marcha medidas de acción positiva, como las que son objeto de esta resolución, orientadas a evitar o compensar las desventajas que tiene una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.

Sin embargo, el Departamento de Empleo y Política Sociales ha contestado al Ararteko que no va a considerar a estas personas perceptoras de la Prestación por Hijo a Cargo como Unidad de Convivencia especial de pensionista por lo que no va a abonar el complemento de prestación de RGI.

Entre otros motivos relativos a la naturaleza y al carácter familiar de la PHC entiende que el colectivo de personas con discapacidad al que afecta es objeto de atención y protección desde distintos ámbitos sectoriales, Sanidad-Osakidetza, Transporte, Cultura, Educación con distintos programas y medidas de apoyo, así como por los ayuntamientos y diputaciones forales en el ejercicio de sus competencias en materia de bienestar social y servicios sociales.

En consecuencia, considera que estas personas tienen cubiertas las necesidades básicas y que no cabría dar este plus de protección.

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 2015

 
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