arriba citado, “viene explicada por sus características so-
cioeconómicas y culturales”. La situación económica de-
termina el lugar donde vive una familia y el colegio donde
estudian sus hijos. Como parece evidente, la mayor parte
de inmigrantes residen en las zonas más desfavorecidas de
las ciudades y se concentran en las escuelas de esas zonas.
Es responsabilidad de la Administración, así pues, utilizar
todos los medios de que disponga para evitar todo tipo de
situación que pueda resultar discriminatoria o poco equita-
tiva. Y no sólo por razones pedagógicas, que también, sino
por razones de tipo social: evitar la guetización o la estig-
matización de determinados centros o sectores y favorecer
la inclusión social.
Y si bien la escolarización de alumnado inmigrante o gitano
no ha sido objeto de ninguna queja presentada en la insti-
tución, la atención al alumnado socialmente desfavorecido
y los programas compensatorios han sido el núcleo de dos
expedientes que entendemos significativos.
El primero de ellos se refiere a la disolución del Consorcio
para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional
de Vitoria-Gasteiz “Pedro Anitua”. Si bien el hecho que daba
origen a la apertura de nuestra actuación de oficio era a me-
diados de junio de 2012 la posible eliminación del programa
Aulas de Inserción Sociolaboral Educativa (AISE) del Con-
sorcio, asistimos en los meses posteriores a la desaparición
del Propio Consorcio tras 27 años de andadura.
Del análisis de toda la información aportada concluíamos
que, tras la importante desestabilización económica que su-
puso en 2011 la retirada inesperada de la
de la financiación del programa AISE, la reducción
de la aportación económica del
respecto a la de años anteriores, dejó “herido de
muerte” al Consorcio, que no pudo asumir el lanzamiento
de una oferta formativa para el curso 2012-2013 ni siquiera
en su apartado de Programas de Cualificación Profesional
Inicial. Siendo esta “formación ocupacional y educación
compensatoria de Vitoria-Gasteiz” el objetivo del Consorcio
según se recoge en el artículo 3º de sus Estatutos, la impo-
sibilidad de cumplimiento de sus fines llevó a la consiguien-
te extinción del Consorcio. El
,
en todo caso, garantizó la continuidad de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial en las condiciones de mayor
normalidad posible, encontrando vías alternativas para que
la entidad que venía gestionándolos lo siguiera haciendo. El
resto de programas y servicios desaparecieron.
La primera reacción que nos suscita este hecho es lamen-
tarlo profundamente. Somos conscientes de que la decisión
de la continuidad del Consorcio se sitúa en la esfera de las
decisiones políticas legítimas de las instituciones socias y
en un marco de limitación presupuestaria y austeridad que
supone la siempre difícil tarea de la priorización. No obs-
tante, tal y como venimos sosteniendo en cuantas manifes-
taciones públicas y privadas consideramos oportuno, no
tenemos ninguna duda respecto al valor de las actuaciones
compensatorias y preventivas en la realización del derecho a
la educación de niños, niñas y adolescentes. Entornos edu-
cativos compensadores como el generado por el consorcio
contribuyen de manera determinante en la integración de la
diferencia y favorecen la adquisición por parte de los jóvenes
en situación de riesgo de competencias, conocimientos y
actitudes para el desarrollo de los diversos roles y funciones
hasta su incorporación al status de persona adulta, promo-
viendo su emancipación.
Desde ahí consideramos que uno de los grandes riesgos en
estos momentos de gran limitación económica es el replie-
gue de cada administración, institución y/o departamento en
aquello que, desde una lectura escrupulosa de la norma, es
su competencia, abandonando prestaciones y servicios que
se venían ofreciendo y de los que se venía beneficiando la
ciudadanía (que entendemos veía satisfecha con ese progra-
ma/servicio una necesidad sentida)
La segunda actuación a la que nos referimos tiene su origen
en la inquietud trasladada por representantes de familias,
alumnado y profesionales ante la drástica reducción del Pro-
grama de Refuerzo Socioeducativo Udako-Neguko Eskola
que hasta la fecha venía prestando el
para el apoyo socio-educativo a chicos y chicas de medio
social desfavorecido. Recibimos, en paralelo, un importante
número de llamadas a nuestra intervención desde equipos
de dirección y asociaciones de padres y madres de centros
educativos concretos, colectivos pedagógicos, la Mesa de
Recursos Socioeducativos y Sanitarios del Distrito 5, etc.
De la información obtenida respecto al programa valorába-
mos especialmente: su carácter socio-educativo, esto es,
enmarcado en espacios de intersección y compartidos; su
carácter compensatorio y preventivo, esto es, destinado
a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran
en desventaja respecto a su grupo y compensador de los
déficits. Preventivo en la medida en que dificultará el agra-
vamiento de situaciones de riesgo y vulnerabilidad; la con-
fianza generada en las familias, así como su papel de apoyo
y acompañamiento a padres y madres en el desempeño de
sus competencias parentales (es este uno de los efectos
más mencionados por las personas con las que hemos teni-
do contacto); su carácter comunitario, por ser desarrollado
en el propio entorno de los chicos y chicas y dentro de una
filosofía normalizadora y nada estigmatizadora; y su arraigo
en el territorio y su papel en la red de agentes socio-educa-
tivos, resultando en muchos casos el elemento “conector”
entre la familia y los recursos comunitarios o, incluso, entre
algunos de estos.
Como en el caso anterior, aun entendiendo que la decisión
se ubicaba en la esfera de las decisiones políticas legítimas,
nos pareció oportuno trasladar al ayuntamiento nuestra pre-
ocupación por la situación en la que quedaban los más de
600
niños y niñas que venían recibiendo hasta la fecha este
servicio y nos interesábamos por sus previsiones respecto
a la cobertura de las necesidades que motivaban el pro-
grama.
La respuesta del Ayuntamiento de Bilbao aclaraba con ca-
rácter previo
que la competencia educativa en Euskadi co-
rresponde al Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco
y explicaba la existencia
de este programa municipal, cuyos inicios se remontan a
más de una década, por la inexistencia en aquel momento
de una oferta similar a la actual de programas
orientados a
abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural
del alumnado
por parte del sistema educativo.
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nforme
2012
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I I ) . 2 .
L a s t emát i ca s ana l i z a d a s
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