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nforme
2013
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II). ¿VULNERACIÓN DE DERECHOS? QUEJAS, CONSULTAS Y ACTUACIONES DE INICIATIVA PROPIA
II
las unidades convivenciales perceptoras de la Renta de Ga-
rantía de Ingresos, había menores de 16 años. De incluir esta
estimación en nuestras estadísticas, tendríamos alrededor
de 236 expedientes que informan de situaciones de escasez
económica en la que se encuentran afectados niños, niñas y
adolescentes y esta problemática, la del riesgo de pobreza
infantil, se convertiría en la principal contingencia atendida
por esta institución con casi la mitad de los expedientes con-
tabilizados (el 45%) y a mucha distancia de los otros ámbitos.
(
Gráfico 6)
Distribución de expedientes de queja a
instancia de parte incluyendo estimación
de los afectados por situación de escasez
económica
TOTAL
520
Pobreza infantil
236
45,4%
Educación
136
26,2%
Servicios Sociales: infancia en desprotección 31
6%
Medio ambiente
23
4,4%
Justicia
20
3,8%
Familias
19
3,7%
Sanidad
16
3,1%
Otros
11
2,1%
Vivienda
8
1,5%
Ocio y deporte escolar
6
1,1%
Situación administrativa
6
1,1%
Seguridad
4
0,8%
Servicios Sociales: menores dependientes
4
0,8%
La constatación del incremento de las situaciones de pobre-
za entre niños y niñas nos había llevado ya a la elaboración
en el último trimestre de 2012 de un estudio cuantitativo
(
El
impacto de la crisis en la infancia: la realidad vasca
)
con el
objetivo de conocer y visibilizar los diferentes impactos de
la crisis en la infancia de la CAPV, a partir de los que fomen-
tar la reflexión sobre las consecuencias, que, en el medio
y largo plazo, pueden tener las políticas de reducción del
gasto público y las medidas de ajuste, determinando las
oportunidades de futuro de los y las más jóvenes. Las prin-
cipales conclusiones del estudio, presentadas públicamen-
te a finales de enero de 2013 se recogían ya en el informe de
la Oficina correspondiente a 2012.
A principios de abril, en el marco de iniciativas de colabo-
ración entre defensorías, participamos en un
seminario de
trabajo con el Defensor del Pueblo de Andalucía
bajo el
título de
Crisis económica y derechos sociales
,
en el que se
analizaban los impactos de la crisis económica en algunos
colectivos, entre los que se encontraban los niños, niñas y
adolescentes. Tras las sesiones de trabajo y debate, se al-
canzaban las siguientes
conclusiones
(
recogidas del literal
hecho público a la finalización del seminario):
1)
Observamos que la
realidad
que viven las personas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el País Vas-
co, como consecuencia de la actual crisis económica,
presenta elementos comunes, pero también significati-
vas diferencias, como acreditan los datos estadísticos.
En este sentido, la tasa de riesgo de pobreza, según el
INE, correspondiente al año 2011, sitúa la media espa-
ñola en el 21,8. En el caso del País Vasco es del 10,8 y
en Andalucía el 31,7. Respecto a los menores en España
(
año 2012) es del 25,9, magnitud que se sitúa en el 37,4
en Andalucía y en el 16,1 en el País Vasco.
2)
Partiendo de la conclusión anterior, la experiencia de las
Defensorías pone de manifiesto que algunos problemas
derivados de la actual coyuntura económica se presen-
tan con especial incidencia en el caso de Andalucía y
con menor intensidad en el País Vasco.
3)
Ambas Defensorías no pueden quedar impasibles ante
esta realidad y deben dar la voz de alarma cuando con-
sideran que los derechos de la ciudadanía se puedan
encontrar comprometidos por la actual situación econó-
mica. La pobreza y la exclusión social condicionan irre-
mediablemente los derechos de las personas, dejando
vacías de contenido muchas de las solemnes proclamas
efectuadas tanto por normas autonómicas, nacionales
como internacionales.
4)
Recordamos a los poderes públicos que están obliga-
dos, aún en tiempo de crisis, a prestar una protección
especial a los sectores más vulnerables de la sociedad.
De ahí que, a pesar de las limitaciones, recortes y con-
tención del gasto público, demandemos que promuevan
e incrementen cuantas medidas y actuaciones sean ne-
cesarias para combatir el impacto de la crisis y sus efec-
tos. En todo caso, los avances cosechados en épocas
anteriores no pueden, ni deben, verse afectados.
5)
Consideramos necesario incrementar las medidas de
coordinación entre las Administraciones ante situacio-
nes de riesgo de exclusión social. Una conexión que se
perfila más necesaria si cabe en momentos de especial
vulnerabilidad. El éxito de cualquier actuación que se
proponga o desarrolle pasa por una necesaria coordina-
ción entre las Administraciones.
6)
Instamos a las Administraciones a ofrecer el apoyo nece-
sario para facilitar su trabajo a las organizaciones, colec-
tivos o iniciativas sociales que abordan las situaciones
de precariedad social con mayor rapidez y, también en
ocasiones, eficiencia.
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