Los derechos sociales en tiempos de crisis: hay solución, busquemos alternativas.

El Ararteko ha recopilado en una publicación las ponencias de la mayoría de los participantes en las Jornadas Los derechos sociales en tiempos de crisis: hay solución, busquemos alternativas, organizadas por el Ararteko y celebradas en Bilbao.

En su artículo, el ararteko Iñigo Lamarca defiende la necesidad de más Europa, más Estado social, más derechos sociales y una regulación más eficaz del mercado financiero como claves para superar la crisis actual.

La transcripción de la intervención de Federico Mayor Zaragoza contiene algunas de las claves principales de su ponencia, en la que presidente de la Fundación para una Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO subraya que por primera vez en la historia no somos súbditos, sino ciudadanos que podemos buscar soluciones a una crisis provocada por el mercado.

Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, analiza empíricamente los datos sobre el impacto negativo de las políticas de austeridad para el Estado de bienestar y formula una serie de propuestas alternativas para la superación de la crisis.

Joserra Trebiño, de Caritas Gipuzkoa, y Francy Fonseca, de Harresiak Apurtuz, reflexionan en sus respectivos capítulos sobre las contribuciones de las organizaciones sociales al sostenimiento del Estado de bienestar.

Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, considera que los derechos sociales son parte sustancial del contrato constitucional instaurado en la segunda mitad del siglo XX. Ese contrato, que legalizaba la universalidad de derechos y entrañaba límites y controles para los poderes públicos y privados, hoy está siendo quebrado por los propios poderes a los que intentaba controlar. Esa ruptura amenaza con convocar los fantasmas de la desigualdad, el autoritarismo y la xenofobia.

Rafael Poch-de-Feliu, corresponsal de La Vanguardia en Berlín, sugiere prestar atención a la experiencia alemana en la gestión de la reunificación en los años 1990 y de la crisis económica subsiguiente a principios de este siglo.

María Bruquetas, doctora en Sociología y profesora de Políticas de Inmigración en la Universidad de Amsterdam, trata de desfigurar algunos de los mitos economicistas reinantes sobre la supuesta carga de la población inmigrante para el sostenimiento del Estado de bienestar. Bruquetas concluye que más que suponer un impedimento, es en buena medida la contribución de la población inmigrante la que ha permitido la continuidad del Estado de bienestar en las últimas dos décadas.

Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justica del País Vasco, señala algunas de las implicaciones para las políticas públicas del reconocimiento jurídico de los derechos sociales como derechos fundamentales.

Luis Jimena Quesada, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales y catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Valencia, proporciona una visión de la inclusión y la cohesión sociales desde la óptica del Derecho internacional.

El último capítulo de esta publicación incluye el estudio del Ararteko Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica, hecho público el pasado mes de junio. En dicho estudio, el Ararteko sostiene que especialmente en tiempos de crisis, las administraciones deben asumir su responsabilidad de respetar, proteger y cumplir todos los derechos, especialmente los derechos socioeconómicos, como la salud, la educación y la vivienda. Estos derechos deben ser realizados progresivamente, pero asegurando el nivel mínimo de su contenido esencial. Los derechos deben ser garantizados sin discriminación, prestando particular atención a los colectivos más vulnerables. Los poderes públicos también deben aplicar los más altos estándares en transparencia, rendición de cuentas y fomento de la participación activa de la ciudadanía, así como evaluar el impacto que las políticas públicas tienen sobre los derechos sociales.

Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 2012