Tiempos Históricos
Son cada vez más los analistas y políticos (de partidos muy diversos) que afirman que una nueva era se está abriendo paso en Euskadi, una era en la que ETA está condenada a desaparecer. Si esto se confirma estaríamos ante un acontecimiento histórico, una de las mejores noticias desde el advenimiento de la democracia a España tras el horror del franquismo. En situaciones tan extraordinarias como las que estamos viviendo, no podemos soslayar nuestro deber de contribuir al cumplimiento de los objetivos a los que servimos, lo cual implica seguir trabajando, desde la posición que nos corresponde, en pos de los valores democráticos y del abordaje de las terribles consecuencias de la actividad criminal de ETA y de los demás grupos terroristas. Nos hallamos en los umbrales de una nueva realidad social en lo que se refiere a los apoyos a la citada organización terrorista, y en este contexto ha nacido el partido político Sortu.
Por aplicación de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, Batasuna quedó fuera de la ley porque, según se decía en el fallo judicial que acordó su ilegalización, estaba al servicio de ETA. Es constatable que desde el inicio del periodo democrático ha habido en la población vasca un sector mayoritario de la izquierda abertzale que se ha identificado en mayor o menor medida con los planteamientos de ETA-militar y que ha contado, en su evolución, con diferentes expresiones políticas que lo han representado. La última y más conocida es Batasuna. Pues bien, el pasado 7 de febrero comparecieron públicamente dos destacados y cualificados dirigentes de dicha formación, arropados por otros muchos líderes, e hicieron unas declaraciones cuyos términos sorprendieron a casi todo el mundo. Reafirmaron (diferentes representantes de Batasuna ya se habían pronunciado anteriormente en esos términos) su apuesta por el uso exclusivo de vías pacíficas y democráticas para la defensa de su proyecto político, y por vez primera expresaron su rechazo a la violencia de ETA. Anunciaron, además, la creación de un nuevo partido político. La presentación del mismo, Sortu, al día siguiente, deparó más sorpresas positivas. En sus Estatutos se rechaza de forma reiterada y contundente la violencia y el terrorismo (citando expresamente a ETA), se adquiere el compromiso de oponerse a cualquier subordinación o tutela con respecto a organizaciones que practiquen la violencia, se dice que los militantes que justifiquen o legitimen la violencia terrorista serán expulsados del partido y se manifiesta la voluntad de ruptura con el pasado y con las organizaciones políticas ilegalizadas.
Así las cosas, entendemos que el hecho histórico del rechazo a la violencia de ETA desactiva el motivo de la ilegalización de Batasuna y sitúa, por otra parte, a Sortu dentro de los lindes de la ley de partidos. Creemos que la solidez de los argumentos jurídicos que destacados especialistas han expresado a favor de esa opción debilita enormemente los fundamentos de las demandas que va a analizar el Tribunal Supremo contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. Se ha argüido que este partido es heredero y continuador de Batasuna y que responde a los dictados de ETA. Resulta, sin embargo, evidente que no se ha pretendido ocultar la primera de las circunstancias (aunque se ha hecho énfasis en la voluntad de romper con el pasado), pero tanto la dirección de Batasuna como los portavoces de Sortu han subrayado la novedad que se ha producido: el rechazo a ETA. Esa declaración explícita e inequívoca significa que no es posible que ETA mande en Batasuna ni en Sortu y, en consecuencia, la aplicación de la ley de partidos en relación con la legalidad de esas dos formaciones se ha de plantear en unos parámetros nuevos. En este sentido, el que Sortu fuese continuación de Batasuna resultaría ser una circunstancia jurídicamente irrelevante pues la propia Batasuna ha mostrado su rechazo a un hipotético retorno de ETA a la actividad terrorista y ha solicitado, a través del Acuerdo de Gernika, implícitamente su desaparición.
El rechazo a la violencia terrorista y la apuesta por vías exclusivamente políticas, pacíficas y democráticas es lo que exige la ley de partidos para que un partido político sea legal. Se ha dicho que Sortu tiene que demostrar la veracidad de su apuesta, pero ante la duda debería prevalecer, a nuestro juicio, la opción de su legalización, puesto que el ordenamiento jurídico ha de interpretarse en el sentido más favorable a los derechos y libertades, en este caso a los derechos de asociación, de participación política y de sufragio pasivo, máxime cuando uno de los cuatro valores superiores de la Constitución es el pluralismo político. Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional obliga a que la limitación de los derechos y libertades se haga con criterios restrictivos. Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que si Sortu vulnerase en el futuro la ley de partidos, en cualquier momento cabría iniciar el proceso para su ilegalización. La reciente reforma de la mencionada ley podría generar, paradójicamente, un argumento a favor de la legalización puesto que si un partido político fuese declarado ilegal los cargos públicos elegidos en sus candidaturas perderían su condición de cargos representativos. Se ha dicho también que los portavoces tanto de Batasuna como de Sortu no han condenado o rechazado el terrorismo practicado por ETA, sino que el rechazo se limita a un futurible. Pero la ley de partidos no contempla esa exigencia. Cabría recordar, por otra parte, que los miembros de la disuelta ETApm no expresaron por lo general palabras de condena ni de perdón por sus acciones criminales, y que muchos de ellos se incorporaron a la vida política.
En el nuevo tiempo histórico hay que seguir hablando, con mayor énfasis si cabe, de víctimas y de valores democráticos si queremos construir una sociedad justa. La herencia de ETA (de sus dos ramas) es escalofriante. Más de 840 personas asesinadas; muchos miles de heridos, de familias destrozadas, de hombres y mujeres viviendo durante años con su vida amenazada y su libertad mutilada -una auténtica tortura psicológica-, de empresarios y profesionales extorsionados, etc. Un horror, un gigantesco horror. El Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/2008, de víctimas de los grupos terroristas, con el apoyo del PNV, PSE-EE, PP, Aralar, EA y EB, que contiene las herramientas y los elementos precisos para garantizar a las víctimas los derechos a la dignidad, la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la participación. Asimismo, fija las bases para la paz, la convivencia y la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Debemos señalar, con todo, que cuando hablamos de víctimas nos referimos, como así contempla la mencionada ley, a las de todos los grupos terroristas, algunos de los cuales fueron creados y alimentados con la connivencia y participación de altos responsables políticos y policiales del Estado. Hemos de recordar a las cerca de 70 personas asesinadas por el BVE, los GAL, etc. y otra decena de asesinatos sin esclarecer. También los más de veinte asesinatos cometidos en Euskadi por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y otros grupos afines. Además de la realidad de las víctimas de los grupos terroristas, debemos abordar también, con firmeza y sin tapujos, como se ha empezado a hacer por el Parlamento Vasco, la de otras víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos: nos referimos a las personas asesinadas, heridas y torturadas en un contexto de motivación política, principalmente por actuaciones ilegales de agentes policiales.
La base social de Batasuna llegará a disponer, más pronto que tarde, de una formación política legal, porque todo parece indicar que el proceso que emprendieron sus dirigentes tras la voladura por parte de ETA de las conversaciones de Loiola está conduciendo de forma irreversible a la interiorización en dicha base social de la idea de que la organización terrorista debe quedar fuera de su proyecto político y de que, en consecuencia, debe desaparecer. Sostengo, en cualquier caso, que es absolutamente necesario que las