objetivos educativos y el fomento del hábito deportivo entre
la infancia y la juventud; por otro, la de respetar la normativa
en materia de protección de datos.
Se concluye el análisis de lo sucedido con la
,
que señala la necesidad de que la Diputación introduz-
ca mejoras en el ámbito de la investigación de hechos como
los denunciados, además de evitar su repetición mediante
la promoción de buenas prácticas por parte de los clubs
deportivos que deseen participar en el citado Programa. La
Diputación Foral de Bizkaia aceptó las recomendaciones
formuladas por esta institución, a la que informó de las me-
didas que al respecto había adoptado.
Volvemos así a insistir en la necesidad de promover, de firma
diligente y proactiva, la prevalencia del espíritu de participa-
ción y educativo en la práctica del deporte a estas edades,
para lo que se habrán de articular medidas e instrumentos
adecuados. Iniciativas como la suscripción por centros y
clubes deportivos de un código de buenas prácticas en este
sentido representa, a juicio de esta institución, un paso en la
dirección correcta.
2.8.
Otros
2.8.1. “
Bebés robados”
Como ya dábamos cuenta en el informe de la Oficina de
2011,
en julio de aquel año se hizo pública la
sobre la necesidad de
medidas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos
que afectan a la sustracción o separación irregular de be-
bés de sus madres biológicas en las décadas de los años
1960
y 1970
.
La recomendación se formulaba en relación
con hechos del pasado, para su esclarecimiento (con inde-
pendencia de los procedimientos judiciales en curso), y con
el futuro, de manera que hechos como los sucedidos resul-
ten imposibles con las cautelas puestas en marcha desde
entonces y actualmente vigentes.
A lo largo de 2012 han continuado llegando algunas quejas
relativas a esta cuestión, aunque en mucho menor número.
Por otro lado, se han sucedido actuaciones de distintas ins-
tituciones en la línea que nuestra recomendación proponía,
que hemos seguido con interés y que ahora resumimos.
De la información trasladada a comienzos de año por el
en relación con sus gestiones frente al
y a la
des-
tacamos la puesta en marcha de “
un protocolo de actuación
para la realización de las pruebas (de ADN) y el estableci-
miento de una base de datos en el Instituto Nacional de Toxi-
cología que ha sido puesta a disposición de los Juzgados y
Tribunales y del Ministerio Fiscal para lo que dispongan de
un posible cruce de datos entre personas afectadas respec-
to de las que ellos mismos hubieran acordado la toma de
muestras
”.
En la CAPV, el 16 de febrero se aprueba por unanimidad en el
Pleno del Parlamento Vasco la proposición no de ley
relativa
a la necesidad de aclarar el caso de los neonatos robados en
las décadas de 1960 y 1970
para lo que se acuerda consti-
tuir una comisión parlamentaria que “
procederá al análisis y
estudio pormenorizado de toda la normativa que resulta de
referencia y aplicación en los expedientes de adopción, al
objeto de proponer todas aquellas reformas y modificacio-
nes legislativas que coadyuven tanto el esclarecimiento de
los hechos como a evitar cualquier resquicio legal que pudie-
ra dar cauce a la comisión futura de estos hechos”.
La Comi-
sión Parlamentaria se constituye en marzo de 2012, aunque
realmente empieza a funcionar a finales de abril con una fre-
cuencia quincenal. Conforme a su planificación (organizacio-
nes, expertos y otros agentes a consultar) preveían finalizar
para diciembre, coincidiendo con el final de la legislatura,
pero la disolución del Parlamento derivada del adelanto de
la convocatoria de elecciones (octubre), deja inconcluso el
trabajo de la Comisión.
La que fuera presidenta de la comisión cita como resulta-
dos concretos la apertura de algunos canales de consulta
para las personas/familias interesadas y la recuperación de
algunos archivos. Menciona también los testimonios, a ve-
ces no coincidentes, de expertos (forenses y encargados
de cementerios), que parece apuntar ya a que no va a re-
sultar sencillo demostrar o encontrar evidencias claras de
los casos.
En paralelo a la actividad parlamentaria, la
fue señalada por el Gobierno Vasco como
la responsable de liderar la Comisión Interdepartamental
creada para tal fin a comienzos de 2012, así como nexo en-
tre ésta y las asociaciones de personas afectadas.
De las actuaciones impulsadas por la Comisión Interdepar-
tamental sabemos:
1.
Se pone a disposición (ya en 2011) de las organizacio-
nes demandantes el
(
,
recurso muy adecuado para atender situaciones
que tienen una variable de orientación sobre aspectos
jurídicos, pero también una variable de atención psicoló-
gica, en la medida en que acuden con mucha ansiedad
a ellos. Los casos atendidos por el SAV (llamada, acogi-
da presencial, acompañamientos, …) 31 de mayo, fecha
del último informe del que dispone la Dirección son 315:
103
en Barakaldo, 128 en Bilbao, 76 en Donostia y 8 en
Gasteiz (curiosamente en Gipuzkoa, donde existían más
casos denunciados, la intervención del SAV es más baja
respecto de Bizkaia en su cómputo total)
2.
El
del País Vas-
co ha realizado en este tiempo 5 exhumaciones por orden
judicial.
3.
En relación al banco de ADN, después del verano se ha
puesto en marcha un laboratorio propio, denominado
Unidad Genética Forense (UGF), avalado para dicha ta-
rea por el
del Ministerio
de Justicia citado más arriba. Esta Unidad se ubica en
el Palacio de Justicia de Donostia, en la subdirección de
Gipuzkoa del Instituto de Medicina Legal.
4.
Se reconoce la pérdida de algunos legajos anteriores a
1975
en el transcurso de traslados. Existe un informe de
la
(
Paco Etxebarria) sobre la
pérdida de legajos en el traslado, realizado a petición de
la
de la Diputación de
Gipuzkoa.
I
nforme
2012
54
(
II). ¿VULNERACIÓN DE DERECHOS? QUEJAS, CONSULTAS Y ACTUACIONES DE INICIATIVA PROPIA
II
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